LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
ANTE LA NUEVA PROPUESTA CONSTITUCIONAL

1. Decisiones fundamentales

Todos los chilenos estamos convocados a pronunciarnos ante la propuesta de nueva Constitución
política, en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Tal como lo hicimos ante el proyecto votado el año
pasado, ofrecemos algunos elementos de discernimiento para la decisión fundamental que cada
ciudadano, en conciencia, debe tomar y manifestar mediante su voto. Se trata de un momento único y
solemne en la vida del país, y por ello todos debemos hacer un discernimiento fundado en la verdad y la
justicia. Lo hacemos desde valores antropológicos fundamentales, que nos hacen buscar el bien de la
persona y la edificación de una sociedad justa y equitativa. Nos dirigimos no sólo a los creyentes, sino a
todas las personas de buena voluntad que quieren aportar al bien de Chile. Cuando la Iglesia se pronuncia
en cuestiones inherentes a la vida social y política, no atenta contra las exigencias de una correcta
interpretación de la laicidad, porque no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión
de los ciudadanos sobre cuestiones contingentes. Busca ayudar a iluminar la conciencia de todas las
personas, en particular de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre
al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común2.

2. El valor de la democracia

Siguiendo su enseñanza social, la Iglesia considera que la democracia es la mejor manera de lograr
una adecuada forma de relación y organización entre todos los miembros de la sociedad, en la búsqueda
del bien común. Pero, al mismo tiempo, es plenamente consciente de que “no tiene un campo de
competencia específico en lo que se refiere a la estructura de la comunidad política: La Iglesia respeta la
legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para expresar preferencias por
una u otra solución institucional o constitucional, ni tiene tampoco la tarea de valorar los programas
políticos, si no es por sus implicaciones religiosas y morales”.

Apreciar nuestra democracia, comprometerse con ella y contribuir al bien de la nación, exige una
participación informada de todos en la vida social. Nadie puede sentirse excluido de este proceso
constitucional, cuyos resultados afectarán a toda la comunidad nacional, y por eso se requiere la
participación de todos en el próximo plebiscito.

3. La Constitución y la superación de la crisis

En los últimos años Chile ha vivido una serie de procesos que debemos tener en cuenta al momento
de tomar nuestras decisiones. El ambiente político y social ha estado marcado por una fuerte tensión. La
falta de una adecuada estabilidad institucional ha provocado una parálisis en nuestro desarrollo, que
termina siempre afectando a los más vulnerables. La polarización política y la dispersión en las
concepciones sobre la forma de organizar nuestro país han llevado a una pérdida del sentido de unidad y
de concebir a Chile como un proyecto común, donde nadie debe quedar excluido y cada uno tiene su lugar.
El desprestigio de muchas de nuestras instituciones públicas ha conducido a una desvalorización de la
vida política y el servicio público, cuya finalidad es lograr una conducción del país por caminos de paz y
progreso. Para ello es necesario abrirse al diálogo mediante acuerdos, cesiones y renuncias a legítimas
posiciones, en vista del bien común de todos.
Resulta evidente que un texto constitucional no resolverá de inmediato las dificultades que hoy
padecemos, pero sea cual sea el resultado del próximo plebiscito, es necesario que nos dispongamos con
más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile
tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas.

4. Una respuesta desde preguntas fundamentales

Ante el proyecto constitucional que se nos presenta, podemos hacernos algunas preguntas
fundamentales: ¿Contribuye lo propuesto a dar una real solución a los problemas y dificultades que tiene
actualmente nuestra convivencia cívica? ¿Puede ayudarnos a lograr un desarrollo armónico y justo,
sobre todo para los sectores que muchas veces quedan postergados y viven en la exclusión y la pobreza?
Puede resultar adecuado buscar nuestras respuestas también desde preguntas particulares: ¿Contribuirá la
propuesta a retomar un camino donde estas dificultades y crisis puedan ser resueltas en un clima de
amistad cívica y convivencia ordenada y armoniosa? ¿El camino propuesto traerá la estabilidad en los
diversos ámbitos expresados, contribuyendo a un desarrollo general del país, cuyos frutos lleguen con
mayor equidad a todos los miembros de la sociedad, especialmente a los adultos mayores, los jóvenes y
las mujeres? ¿Lograremos con este nuevo pacto político avanzar de verdad en una verdadera inclusión
que permita a muchos compatriotas salir de la situación de pobreza y marginalidad? Las respuestas
personales a estas interrogantes pueden ser de mucha ayuda al momento de decidir.

5. La Iglesia está llamada a orientar en los valores esenciales

Como pastores, ofrecemos nuestra palabra para iluminar el discernimiento de cada ciudadano,
especialmente de quienes profesan la fe cristiana. No lo hacemos desde una opinión técnico-jurídica o
político-partidista, sino desde la Doctrina Social de la Iglesia, fundada en la Palabra de Dios. Sus
principios esenciales son: el respeto de la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la
subsidiariedad y la solidaridad; mientras que sus valores fundamentales son: la verdad, la libertad, la
justicia, la paz y la caridad.
Desde estos principios y valores, no observamos objeciones éticas determinantes en la propuesta
constitucional, lo que significa que es legítimo que ante las soluciones y normas que ella contiene, pueda
haber en la ciudadanía posturas diversas y plurales. La gran mayoría de los planteamientos respecto de
cómo organizar la casa común y nuestra convivencia como comunidad política, entran en el plano de lo
opinable. Esto no significa, sin embargo, que estemos eximidos de hacer una necesaria consideración
ética, pues en la Constitución están implicados aspectos relevantes de la persona y de la sociedad. Es
trascendental, por tanto, que cada uno discierna en conciencia si en lo propuesto se respeta y promueve la
dignidad de la persona, se contribuye a la realización del bien común y se aplican aquellos valores que
fomentan un orden justo.

6. Algunos aspectos esenciales

a) Dignidad humana y respeto a la vida

En su primer artículo la propuesta señala que “la dignidad humana es inviolable y la base del
derecho y la justicia”, y “su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma
jurídica de organización”. Se afirma luego, como uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida,
especificando que “la ley protege la vida de quien está por nacer” (art. 16, 1). Al señalar “de quien” se
hace un reconocimiento más explícito de la persona humana desde el momento de su concepción, lo que
significa un resguardo más riguroso ante eventuales proyectos de leyes que pretendan promover el aborto
libre.
b) Fortalecimiento de la familia

Se define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y se establece el deber del Estado
y la sociedad de “dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento” (art. 1, 2) y se da un
mandato al sistema institucional para que ofrezca “mecanismos de apoyo y acompañamiento a la
maternidad y a la crianza” (art. 13, 2). Al mismo tiempo se reconoce el interés superior de los niños (art.
37, 7), lo que implica proveer las condiciones para crecer y desarrollarse en familia y ser protegidos de
“cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico” (art. 12).

c) Derecho a la educación y enseñanza.

En el ámbito de la educación, se considera que las familias, a través de los padres o tutores, tienen
el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su
establecimiento de enseñanza, así como a determinar, preferentemente, su interés superior. Se exige al
Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho (art. 16, 23 b), así como al derecho de crear
y desarrollar proyectos educativos en el marco de la moral, el orden público y la seguridad del país (art
16, 24 a). La propuesta adopta un sistema de provisión mixta, asignando recursos a la educación pública
y particular subvencionada, siguiendo criterios de razonabilidad y sin discriminaciones arbitrarias, todo
lo cual fortalece el principio de la libertad de enseñanza (art. 16, 23 f).
Este resguardo de la libertad de enseñanza a través del apoyo a diversos proyectos educativos no
significa que el Estado renuncie a las funciones que le son propias, pues se le impone la obligación de
fortalecer el sistema público en todos los niveles (art. 16, 23 j), respetando el pluralismo que existe en la
sociedad, incluida la educación superior. Se establece, también, como deber del Estado fortalecer la
educación de la primera edad (art. 6, 23 j).

7. Libertad religiosa y objeción de conciencia

El artículo 16, 13 de la propuesta desarrolla el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión, el que incluye la libertad para adoptar la religión o las creencias que cada uno prefiera, a
vivir conforme a ellas, y a transmitirlas, introduciendo, además, la objeción de conciencia como
salvaguarda constitucional. La libertad religiosa está explicitada en sus contenidos esenciales como el
libre ejercicio y expresión del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión, manifestarla,
divulgarla y enseñarla y a celebrar sus ritos en público o en privado, individual y colectivamente. La
propuesta agrega en esta materia algo nuevo y decisivo, como es el derecho de los padres a trasmitir los
valores religiosos, éticos y morales y elegir la educación religiosa que ellos decidan para sus hijos,
afirmándose también que las familias tienen derecho a crear entidades de enseñanza con sus propios
proyectos educativos, de conformidad a sus convicciones religiosas o morales.

Consideramos que estas normas sobre la libertad religiosa son un aporte a la vigencia de este
derecho fundamental, ahora explicitado constitucionalmente.

8. Estado social y democrático de derecho: solidaridad y subsidiariedad
a) Estado social y democrático de derecho
Un aspecto fundamental para el país y también para la vivencia de la fe cristiana, es preguntarse
cómo la propuesta constitucional orienta y da un marco jurídico para la construcción de una sociedad más
justa, a través del ejercicio de los derechos sociales reconocidos constitucionalmente, preocupación
ciudadana que ha estado en el origen del proceso constitucional.
El proyecto establece que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho”,
correspondiéndole promover “el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio
de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas” (art. 1, Esto se profundiza en
otros artículos que obligan al Estado a promover condiciones sociales, de justicia y de solidaridad, para
que las personas alcancen su mayor realización espiritual y material posible y puedan realizar sus derechos
en libertad e igualdad (art. 1, 5 y 6). Esta declaración implica una obligación del Estado de adoptar las
medidas adecuadas para que tales derechos sociales se realicen, como lo establece el art. 24. Tales
derechos, por expresa indicación del texto no pueden ser afectados en su esencia (art. 23, 3).
b) Principios de solidaridad y subsidiariedad
La propuesta explicita el principio de solidaridad, lo que implica que el Estado deberá promover
las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se
realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten como expresamente se señala (art 1, 6).
Como ya se señaló, la solidaridad es un principio esencial en la enseñanza social de la Iglesia y nos implica
a todos, pues debemos actuar juntos, desde lo público y lo privado, para servir a quienes viven situaciones
de dificultad, carencia o exclusión. San Juan Pablo II definió la solidaridad como la “determinación firme
y constante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de todos”.
Para la Iglesia, también es fundamental el principio de subsidiariedad. Como lo expresamos el año
pasado ante la primera propuesta constitucional, “es importante hacer dialogar al Estado social de derecho
con el principio de subsidiariedad, que es mucho más amplio que los derechos a la libertad económica. El
Estado debe tener un papel activo en la consecución del bien común y en la protección de los más frágiles
(Estado social), pero ha de integrar, respetar y ayudar a sostener la acción colaborativa de múltiples
iniciativas privadas que tienen objetivos sociales en muy diversos campos”5
.
La propuesta constitucional introduce este principio al afirmar que las agrupaciones que nacen
como consecuencia de las iniciativas de las personas gozarán de autonomía para cumplir sus fines (art. 1,
4). Nos parece fundamental la vigencia de este principio, para que una intervención del Estado no llegue
a amenazar la libertad y la iniciativa de las personas o de grupos intermedios.
9. Algunos temas sociales específicos, elementos de juicio.
Es evidente que una carta constitucional debe referirse a la salvaguardia de muchos bienes sociales,
y es legítimo que surjan inquietudes sobre cómo la propuesta que será plebiscitada custodia el acceso a ellos. Entre estos bienes, a título de ejemplo, están una amplia gama de derechos fundamentales, humanos
y sociales, como la educación, el trabajo y la libertad sindical, la vivienda digna, la propiedad, la salud y
el bienestar integral, la igualdad y no discriminación, la seguridad (pública, social, alimentaria e
informática), el derecho a vivir en un medioambiente sano, el reconocimiento de los pueblos originarios,
los derechos de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres, las personas con capacidades distintas, o
las privadas de libertad, etc. Frente a temas de esta naturaleza, el Papa Francisco nos recuerda que “el
desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los
derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones
y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima
de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto del medio ambiente,
puesto que quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos”6
.
Nos referimos, a continuación, a dos temas sociales en particular, reafirmando que son ámbitos
que pueden tener diversas soluciones posibles.
a) Sistema de salud
En cuanto al derecho a la protección de la salud (art. 16, 22) la propuesta establece la protección
de la salud integral, con libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención,
protección y recuperación, en todas las etapas de la vida. Se establece la libertad de las personas para
elegir acciones de salud estatales o privadas, debiendo el Estado garantizar esa provisión mixta. Por su
parte, se establece un “plan de salud universal”, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica,
el cual será ofrecido por instituciones estatales o privadas, que deberá establecerse mediante una ley.
Sobre este ámbito esencial, el discernimiento de cada ciudadano buscará apreciar la verdadera
capacidad de lo propuesto, para integrar, a la vez, el respeto a la libertad individual y el principio de
solidaridad, y llegar así a un sistema de salud que permita a todos, pero especialmente a los más pobres y
vulnerables, acceder realmente a las atenciones necesarias, tanto en la salud primaria como en la de mayor
complejidad. Asimismo, deberá apreciar si hay cierta seguridad de que el Estado disponga de los recursos
necesarios, lo cual depende de las políticas de tributación, de adecuadas políticas públicas y de la eficacia
del gobierno para implementarlas.
b) Seguridad social
En relación con el derecho a la seguridad social, se plantea el acceso a prestaciones básicas y
uniformes, establecidas por la ley, provista desde instituciones públicas o privadas, amparando a las
personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad y otras. Asimismo, se establece
la propiedad sobre las cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados y se reconoce el
derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que las administre, sin que puedan ser
expropiadas o apropiadas por el Estado (art. 16, 28).
También en este caso cada uno buscará apreciar de modo informado, si las normas propuestas
integran suficientemente el principio de la solidaridad y pueden hacer posible acceder a pensiones
suficientes, especialmente respecto de las personas que hasta ahora han tenido pensiones muy bajas y
muchas veces verdaderamente indignas.
10. El desafío de una mejor política y el juicio ético de cada uno.
Es evidente que la propuesta constitucional contiene muchos otros aspectos de interés y máxima
importancia para Chile, entre los cuales se pueden destacar el sistema político, las obligaciones cívicas, la representación política, los poderes del Estado y sus instituciones, el gobierno y la administración, la
defensa nacional y la seguridad pública, la administración regional y local, etc. Cada uno de ellos exige
de los ciudadanos un juicio ético, es decir, una opinión fruto de la reflexión razonada e informada, sobre
las bondades y perjuicios de las propuestas.
Es particularmente importante que quienes sirven a Chile desde la vida política, las funciones
públicas y los medios de comunicación social, trasmitan con transparencia, honestidad y veracidad sus
opiniones para informar a los ciudadanos. A todos nos compete mejorar la política, para que sea un
verdadero oficio de amor y servicio al prójimo, que es la esencia de la persona humana. Necesitamos
recuperar los valores más altos de nuestra vida democrática, que son los que han orientados a nuestra
nación en su desarrollo institucional, y que tienen su centro en el reconocimiento de una verdadera
diversidad y pluralidad, y en la búsqueda del bien común.
11. La Patria anhelada
Queremos terminar recordando que Chile es una patria común, que hace que cada hombre y mujer
sea un ser con raíces en el pasado. Cada uno de nosotros es hijo de la casa común, un heredero que ha
recibido los bienes del pasado y los debe trasmitir al futuro. Todos hemos recibido una Patria; no la hemos
elegido, no la hemos creado, sino que la continuamos y la renovamos constantemente para bien de todos.
La Patria no se le inventa, se la cuida y se la ama. El momento presente es un fuerte llamado a abandonar
los individualismos, para ponernos al servicio de los demás, especialmente los más abandonados de
nuestra sociedad.
Invoquemos a Dios nuestro Padre y a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, para que nos
ayuden a construir una nación donde la fraternidad, la solidaridad y las enseñanzas de su Hijo Jesucristo
guíen nuestro actuar y nuestras vidas.

LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
San Francisco de Mostazal, 16 de noviembre de 202