Recientemente el Ejecutivo ha pedido que se tramite con suma urgencia el proyecto de ley de eutanasia. Fue introducido en el parlamento en junio de 2011 y recién en abril de 2021 la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar, despachándolo al Senado. Ahora está en discusión en la comisión de Salud del Senado quien debe pronunciarse – si es que ya no lo ha hecho en estos días – sobre la idea de legislar.
Nuevamente se esgrime como argumento prioritario, por parte de los que están a favor, el problema y el sufrimiento que se suscita en las personas con enfermedades terminales incurables, de manera que tendrían el derecho a solicitar que un médico les provoque la muerte o que asista el proceso de auto causarse la muerte.
Alguien con mucha agudeza preguntó dónde surge este requerimiento para que un médico le provoque la muerte en las señaladas condiciones. Una rápida mirada en el mundo nos mostrará que esto proviene solamente de los países desarrollados o los que están cerca de esa condición. En los países pobres o de menores recursos, o en los sectores más vulnerables de la población, no hay esta solicitud. Más aún se ha preguntado a los administradores de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, bajo alguna institución de la Iglesia Católica, si ha habido requerimientos de este tipo y la gran mayoría dice que no. Cuando hay cuidado, afecto y contención en estas dramáticas situaciones, disminuye drásticamente la petición de eutanasia.
Por otra parte, hay objeciones éticas muy poderosas para oponerse a esta práctica. La primera, ¿puede considerarse la eutanasia una medida terapéutica, si en realidad está provocando la muerte y no salvando una vida? La segunda, ¿basta que alguien exprese su deseo de morir ante una grave enfermedad para que el personal médico acoja su petición y se vea obligado a realizar lo que pide? ¿dónde queda la objeción de conciencia de todo el personal médico? La tercera, ¿debe el Estado regular eventuales condiciones de muerte de sus ciudadanos?
Pero hay más, el proyecto habla tímidamente de los cuidados paliativos que son la verdadera urgencia en estos casos, es decir, medidas de salud que ayudan a sobrellevar el sufrimiento físico en estas enfermedades. Claro, esto significa mayores costos que el Estado debe asumir. En el fondo, lo que se va imponiendo en esta propuesta de ley de eutanasia es una concepción antropológica que privilegia el éxito y la funcionalidad frente al valor de toda persona humana, independiente de su productividad, salud o utilidad. Hay mucho detrás de estas propuestas y hay que advertirlo.
+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt