Tal como lo anunció el Presidente de la República en la cuenta pública del pasado 1° de junio, él ha dispuesto la discusión inmediata en el Congreso de un proyecto de ley que permita la eutanasia en nuestro país. La eutanasia es una acción o una omisión que, por su naturaleza, o en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. La razón que se esgrime para aprobar dicho proyecto radica en una atención humanitaria a pacientes que están en fin de vida con grandes sufrimientos; por consiguiente, se debería aceptar la petición del paciente, realizando un acto que le cause su muerte. No es la enfermedad lo que lo llevaría a la muerte, sino la acción médica consciente y efectiva.
La primera pregunta que surge a este planteamiento tiene que ver con ¿quién tiene la facultad para quitar la vida de otro ser humano? ¿puede acaso una persona deliberadamente matar a otro? Si se llegase a aceptar esta posibilidad, entraríamos en un ámbito terriblemente escurridizo, pues aceptaríamos que, en ciertas circunstancias que van más allá de la legítima defensa, alguien puede decidir que una persona en concreto no puede seguir viviendo. Si consideramos legítimo este camino, dejaríamos totalmente abierta la puerta para que entre la discriminación que lleva a que algunos decidan la vida de otros.
La segunda pregunta se refiere a si ¿acaso una persona puede disponer libremente de su vida para terminarla? En el fondo, ¿es legítimo atentar en contra de la propia vida, yendo en contra de la natural tendencia humana a conservar y proteger su vida? Dejando espacio a una decisión de este tipo, entonces, se llegaría a aceptar que la vida no es un don sino algo que puedo manipular y controlar a mi antojo.
La tercera pregunta que emerge dice ¿puede el Estado obligar a personas naturales o a instituciones a que ejecuten un acto de eutanasia a personas con enfermedades terminales que lo soliciten? Con esto se plantea la tensión entre libertad personal y obligación del Estado, de manera que, si no se deja la posibilidad de decidir libremente si ejecutar o no una eutanasia, caeríamos en la supremacía de un Estado totalitario.
Como se ve, la eutanasia no es una solución ética, pues no genera alguna solución, sino que conduce a la destrucción. Golpea algunos de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, tal como la ilegitimidad de atentar contra la vida de otros. Una eventual aprobación de una ley de este tipo traería como consecuencia un empobrecimiento antropológico, diluyendo el valor de la persona humana cuyo derecho a la vida es inalienable, incluso cuando alguien esté dispuesto a renunciarlo.
+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt